El informe, a los largo de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.
Las principales conclusiones apuntan a un estado deficiente de casi todos los indicadores evidenciando una “informalización” del cuidado al dependiente, así 7 años después de la entrada en vigor de la LAPAD un 42,81% de servicios se realiza por cuidadores no profesionales, frente al 13,95 de servicios de atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia. Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III (30,03%) y Grado II (36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).
En sus intervenciones las entidades que participan en el observatorio han querido resalatar los siguientes aspectos en relación a las oportunidades que presenta el sector.
El Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia José Alberto Echevarría indica que "estamos ante un sector que aporta retornos importantes traducidos en empleo y riqueza pero la realidad es que la falta de financiación es una evidencia que debe afrontarse. Tenemos que buscar una solución. Por otro lado es grave que al mismo tiempo los precios de los concursos siguen bajando mientras que permanecen vacías más de 50.000 plazas y tenemos casi 200.000 dependientes sin prestación"
Por su parte, Pilar Navarro Secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT ha señalado que, el informe ha constatado que, tal como UGT ha señalado en varias ocasiones, “los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas. La falta de inversión y la apuesta por los cuidadores informales de las CC.AA explican, en parte, este desequilibrio”. Navarro “se ha mostrado preocupada por el retraso de algunas Autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que está dificultando la renovación de contratos”.
Mª Angeles Sánchez en nombre de LARES afirma que “Debemos trabajar para alcanzar el compromiso responsable y serio de qué asignaciones presupuestarias aporta la Administración Central , las Comunidades Autónomas y qué parte deben aportar los ciudadanos mediante copago. Se trata de saber con qué contamos para dotar de estabilidad a Nuestro Sistema de atención a la dependencia tras una época de afrontar duros recortes”.
Para Vicente Sánchez Secretario de Construcción y Servicios de CC.OO es relevante destacar “la formación específica que han realizado las trabajadoras del sector y el esfuerzo en tiempo, dedicación y económico realizado, que ahora se pierde por la destrucción de empleo” Antonio Cabrera, Secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO recuerda que “los servicios de atención a la dependencia dan empleo a más de 420.000 personas de las que el 86% son mujeres” de ellos el 22% de los trabajadores de residencias tienen contrato a tiempo parcial, frente al 26% de otros servicios vinculados a la dependencia. Desde 2.012 se destruye empleo, coincidiendo con la reducción de la tasa de cobertura del sistema y la minoración de la intensidad de sus prestaciones”.
Desde AESTE su Presidente Jorge Guarner aboga por el cumplimiento de la Ley en base a servicios profesionales, para reducir a cuotas excepcionales el 42,81% de cuidadores no profesionales, que de reducirse al ritmo actual del 2,5% anual, tardaríamos más de 20 años en llegar a las cifras excepcionales, que promulga la Ley. Lo que es especialmente grave, si tenemos en cuenta que alta y media dependencia requieren una atención profesional y de calidad, que pasa por que se regule una acreditación por grados de dependencia, que responda a las necesidades sociales y sanitarias de las personas dependientes. Actualmente no existe a pesar de las casi 800 normas vigentes. 2/7/2014