El rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios. No en vano, tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumania o Irlanda.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han decidido retomar “El Observatorio de la Dependencia” para cooperar con las administraciones públicas en recuperar los objetivos iniciales de la Ley y reconducir la situación, avanzando en la reglamentación pendiente, garantizando su cohesión territorial y poniendo en marcha criterios de eficacia y eficiencia en el sistema, fomentar la necesaria colaboración entre los ámbitos sanitarios y sociales. Y todo ello apostando por la mayor profesionalización del sector, la consolidación de las inversiones, la generación de empleo de calidad y cualificación del mismo, así como la mejora de la calidad en la prestación que se ofrece a las personas dependientes y a sus familias.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia representan a la mayoría absoluta de las empresas del sector en la que prestan servicio 180.000 trabajadores, que atienden diariamente a más de 1,2 millones de personas en situación de dependencia a través de residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, centros de día y noche, viviendas tuteladas, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.
Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis. Por su parte, las empresas que han realizado enormes inversiones que no se pueden amortizar con las actuales tarifas y ocupaciones, han trabajado, para mantener el volumen de empleo en el sector; y junto a las organizaciones sindicales han contribuido a la profesionalización del mismo. Todo ello con el claro objetivo de prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en un sector, el de la Dependencia, que es el único que no ha venido perdiendo empleo de una manera significativa, según los datos de la Encuesta de Población Activa.
Argumentos, todos ellos, que vienen a reforzar la exigencia a las Administraciones Públicas de un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.
Estas palabras cobran especial valor si como expone José Mª Gallardo, Secretario General de LARES “la sociedad española a de evolucionar y prepararse para atender las necesidades de su realidad demográfica. “Una realidad en la que ya hay dos millones de personas mayores de 80 años, que será 6 millones en el 2050” y donde “el porcentaje de personas mayores de 65 años se duplicará, llegando al 30% de la población en el año 2050. Serán entonces más de 16 millones de personas”
Atender este desafío en opinión de Jorge Guarner, Presidente de AESTE, “pasa por prestar servicios profesionales de calidad al ciudadano, y ello requiere que se exijan por parte de las administraciones unos requisitos mínimos de calidad y de acreditación por grado de Dependencia” y además “una estrecha colaboración entre administraciones, en materia de Sanidad y Servicios Sociales en beneficio de las personas y de los presupuestos públicos”
En el turno de intervenciones cabe destacar en palabras del Presidente de FED J. Alberto Echevarria que "El sector de atención a la dependencia es un sector generador de riqueza, de inversiones, creador de puestos de trabajo y que tiene retornos económicos importantísimos para la economía española". Sin embargo a pesar de ello, debido principalmente a los recortes económicos de las diferentes administraciones, "cada vez son más numerosas las plazas residenciales vacías, estimándose en más de 50 mil en toda España", que unido a la morosidad del pago de las administraciones "han puesto al sector en su conjunto al borde de la bancarrota".
El Secretario de negociación colectiva de CC.OO servicios privados afirma que “en el servicio de atención domiciliaria las adjudicaciones se dan por debajo del coste del servicio, considerando coste del servicio el coste del convenio colectivo más los gastos de estructura”, esto produce “la merma directa del servicio que se da mayoritariamente en que no se producen altas”
Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitaros y Dependencia de UGT ha señalado la preocupación que el sector tiene en materia de empleo. “Se había tasado en unos 300.000 los puestos de trabajo que se podrían generar con la entrada de la Ley de Dependencia y, a duras penas, se han creado la mitad. “Esto es consecuencia- añade la responsable de Salud de FSP-UGT- de la errónea actuación de las Administraciones Públicas; al inicio con la creación de la figura del cuidador no profesional y, posteriormente, con los recortes a las ayudas a la dependencia”.
Para Antonio Cabrera, Secretario General de la Federación de Sanidad de CC.OO es imprescindible “exigir mayor corresponsabilidad a todas las administraciones”, y “un marco claro de financiación que haga efectivo el desarrollo de la Ley de Dependencia”. 20/2/2014