Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha manifestado su profunda preocupación por el impacto que esta norma puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector, en cuyas manos se encuentran el 70% de las gasolineras de nuestro país.
CEEES apunta que la Ley de Movilidad Sostenible mantiene el criterio de obligatoriedad en función de las ventas conjuntas de gasolina y gasóleo, ya presente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética desde mayo de 2021.
CEEES ha rechazado reiteradamente este enfoque, por considerar que impone la instalación de puntos de recarga en ubicaciones donde no existe demanda real, como estaciones urbanas, fronterizas o especializadas en transporte pesado.
En su lugar, propone un criterio de distancia, voluntario y alineado con el reglamento europeo AFIR, que permitiría una planificación más racional y eficiente de la red de recarga.
La imposición de instalación de puntos de recarga vulnera la libertad de empresa y representa una inversión ruinosa para miles de pymes, que no disponen de los recursos ni de la demanda suficiente para amortizar estas instalaciones. Además, el régimen sancionador previsto -el de la Ley de Hidrocarburos- es desproporcionado, al estar diseñado para grandes corporaciones energéticas, no para pymes. 14/11/2025