Según informa la patronal, la CNMC ha hecho un diagnóstico impreciso en cuanto al impacto real que las circulares tendrán en las empresas.
El órgano regulador no ha acertado en calcular y valorar el impacto a las empresas gestoras de las infraestructuras de red de gas. Existe un insuficiente nivel de análisis en la información y cálculos no reproducibles de las memorias de las circulares. De hecho, ha solicitado información a las empresas posteriormente a la publicación de las circulares.
También el Ministerio, en sus comentarios a las alegaciones, ha manifestado que carece de la información en detalle que le permita realizar una valoración económica de las modificaciones propuestas por la CNMC.
Las pérdidas que han experimentado las empresas del sector durante las últimas semanas dejan traslucir el carácter inesperado y radical que propone el borrador de la circular. Y esto ha afectado negativamente no solo a las empresas gestoras de infraestructuras y su cotización y valoración de las agencias de rating, sino también al empleo, la inversión y el crecimiento. La propuesta no recoge un análisis del impacto por empresas, contraviniendo la metodología seguida habitualmente por la CNMC, que normalmente incluye esta buena práctica. En este sentido, la frase incluida en ambas memorias justificativas “Se considera que la Circular no tiene impactos en la unidad de mercado, por razón de género u de otro tipo diferente a los ya expuestos” queda desvirtuada.
Asimismo, demuestra una clara falta de previsibilidad a futuro puesto que no hay evidencias de que la propuesta metodológica se mantenga para próximos periodos regulatorios, es un cambio drástico que produce desconfianza. Esta inseguridad e inestabilidad llevan aparejadas una mayor incertidumbre que desincentiva la inversión y tiene como consecuencia un mayor coste en la financiación de proyectos.
La revisión regulatoria no supone una rebaja a corto plazo en la factura del consumidor final
Aunque aparentemente se trata de uno de los principales objetivos de este cambio regulatorio, el consumidor final no se verá beneficiado de un descenso a corto plazo en el precio, por lo que el impacto en la factura no justifica el recorte. Esto se debe a que hasta que no se haya recuperado el déficit acumulado, no se pueden bajar los peajes del sistema.
En el coste global del gas natural, los peajes suponen aproximadamente un 24% del precio total (3.000 millones de euros), correspondiendo la mayor parte de la factura que abona el consumidor a la materia prima, es decir, a la molécula de gas natural. Por tanto, el impacto de la bajada de peajes no se traduciría en una bajada significativa del precio para el consumidor final.
Sin embargo, estas rebajas en los peajes podrían conseguirse a través de otras alternativas como la aceleración de las inversiones para fomentar el crecimiento eficiente que caracteriza el modelo actual, evitando que la bajada de demanda y el encarecimiento del enganche de nuevos clientes producidos por esta revisión produzcan un incremento de las emisiones cuando alternativas más contaminantes desplacen al gas.
El nuevo plan retributivo no está alineado con las orientaciones de política energética ni con el cumplimiento de borrador del PNIEC
El Ministerio en sus alegaciones a la propuesta de circular de distribución de gas ha denunciado el incumplimiento de las orientaciones de política energética y la necesidad de convocar a la Comisión de Cooperación. Además, denuncia la necesaria predictibilidad del modelo retributivo para conseguir el proceso de transición hacia una economía descarbonizada en 2050, tal y como refleja el PNIEC.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es un proyecto que ha conllevado un esfuerzo considerable y ha sido elogiado por la Unión Europea por sus ambiciosas contribuciones a la descarbonización y la transición energética, en la que el gas tendrá un papel protagonista.
Por ello, no existe concordancia entre el escenario que presentan las circulares de reducción del consumo de gas natural y el PNIEC, en el que se describe un comportamiento del gas natural que sostiene o aumenta su consumo en diversos sectores. Por ejemplo, en el industrial incrementará el consumo de gas natural debido al aumento de la demanda y la sustitución de otros combustibles más contaminantes. De igual forma, adquirirá solidez el uso de gas natural en el sector residencial al ser la opción más económica, donde se estima un consumo estable en 2025 comparado con el consumo actual. Respecto al sector del transporte, se prevé que se duplique en 2025 y 2030, ya que el gas es una pieza clave en lograr que la movilidad sea más sostenible, reduciendo las emisiones.
El gas renovable es otro aspecto clave del PNIEC que la propuesta retributiva no contempla. Apostar por maximizar el potencial del gas renovable a través de la materialización de una producción de 17 TWh de gas renovable inyectable en red en 2030, supondría la reducción de 10 millones de toneladas de CO2 anuales. Para lograr el desarrollo de esta alternativa, es necesario invertir en el mantenimiento de las infraestructuras gasistas que vehiculen y almacenen los excedentes de energía. La falta de previsibilidad en la metodología puede ralentizar o encarecer dichas inversiones, totalmente imprescindibles para permitir la creciente participación de los gases renovables en el sistema gasista.
Sin un marco retributivo adecuado, España perderá la oportunidad de beneficiarse del gas renovable como aliado en la reducción de las emisiones, mejora de la calidad del aire, penetración de renovables y economía circular, a diferencia de otros países europeos que ya lo han conseguido.
Los distribuidores exigen que el marco retributivo se mantenga estable y sea predecible
Los distribuidores del sector gasista consideran que se debe mantener el sistema retributivo actual al considerar que el cambio propuesto por la CNMC se basa en supuestos equívocos. El análisis para aducir que existe una sobre retribución de la actividad de la distribución está basado en ratios económicos financieros no adecuadamente aplicados, con una metodología que no es válida ni rigurosa para un modelo que retribuye actividad. Tampoco se realiza un cálculo sobre cuál fue la retribución efectiva que recibieron los activos amortizados planteados ni cuál fue el activo de referencia regulatorio inicial. Adicionalmente, recalcan que no se puede asemejar el riesgo de la actividad de distribución al del resto de actividades reguladas, ya que los gestores de infraestructuras de gas están desprotegidos frente a caídas de demanda, no tienen asegurada la expansión de sus puntos de vista ni la retención de los clientes que tienen actualmente.
Los transportistas consideran que las circulares de la CNMC se basan en premisas incorrectas
Por su parte, los transportistas creen que el cambio propuesto por la CNMC parte de premisas incorrectas, ya que la rentabilidad actual es razonable y el coste final del gas para el consumidor está alineado con el de los países de la Unión Europea. Asimismo, el sistema gasista español está equilibrado, presenta un crecimiento sostenible de la demanda y cuenta con unas infraestructuras eficientes.
Ante esta situación, los transportistas comparten soluciones.En relación a la retribución por inversión del transporte, se propone adecuar el valor regulatorio de la base de activos, así como reconocer actuaciones no retribuidas hasta la fecha e inversiones ligadas al desarrollo de gases renovables. Respecto a la operación y mantenimiento de las infraestructuras, debería ajustarse la retribución por extensión de vida útil, además de reconocer todos los costes operativos necesarios y revisar conceptos como el de los gastos de explotación activados (COPEX). Por último, la metodología retributiva debería incorporar ciertos incentivos como las eficiencias logradas, la captura de nueva demanda o la buena calidad del servicio.
En el proceso de elaboración de las circulares ha faltado transparencia, tiempo y participación
El procedimiento de elaboración de las circulares ha carecido de un mínimo nivel de transparencia. No se ha dado la oportunidad a los principales agentes de expresar su posición dentro de un proceso pausado y ordenado que hubiera sido imprescindible para lograr mantener la certidumbre y estabilidad.
Tampoco se ha abogado por un proceso participativo, donde exista una contribución igualitaria por parte de todos los actores involucrados. Se contravienen las recomendaciones del Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE y de la asociación europea de reguladores de la Energía (CEER) en cuanto a adherirse a los principios de los procesos abiertos para que la regulación se encuentre al servicio del interés público, así como el ofrecimiento de la propia CNMC de colaborar con sus servicios técnicos “en aras de un mejor análisis y las mejores propuestas para el sistema gasista español”.
Ni esta falta de diálogo con los agentes involucrados ni la urgencia en la tramitación de este proceso, cuya fecha de inicio es dentro de dos años, están justificadas. La CNMC dio un plazo para el envío de comentarios que evidentemente no era suficiente para abordar un asunto de tanta relevancia con la profundidad necesaria. Debería haber planeado un calendario de consultas más espaciado y mayores plazos de respuesta más allá de fijar sesiones públicas, seminarios y encuentros bilaterales o distintos análisis de impacto regulatorio relevantes y exhaustivos, entre otras medidas.
Esto pone de manifiesto que la CNMC ha lanzado las propuestas de circulares sin la contabilidad regulatoria necesaria, dando lugar a un escenario falto de equilibrio, coherencia y certeza, que no continúa con la senda habitual del organismo.
El sector gasista está abierto al diálogo para asegurar una regulación beneficiosa, justa y equitativa
Como consecuencia de todo lo expuesto, SEDIGAS considera que las propuestas de circulares deben asegurar un sistema gasista seguro, eficiente y sostenible.
Está en el ánimo de SEDIGAS y de las empresas que representa ofrecer un proceso de diálogo con la CNMC para proponer medidas, metodologías y soluciones que tengan en cuenta a los distintos agentes del sector para lograr una regulación beneficiosa, justa y equitativa para todos, tanto para las empresas como el consumidor final. 08/08/2019