El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido el desarrollo de una transición energética que evite destruir las tecnologías que funcionan y ha defendido que los poderes públicos deben incentivar las mejores soluciones frente a los retos de la sostenibilidad, “sin limitar, guiar, privilegiar ni coartar líneas de investigación o de desarrollo”.
Durante su participación en la conferencia de clausura del VII Simposio Empresarial Internacional organizado por Funseam, que bajo el título “Transformación digital y sector energético” se celebró recientemente en Madrid, pidió a los legisladores y políticos de nuestro país “que sean ambiciosos e inteligentes. Que hagamos la transición energética aprovechando el momento oportuno de cada tecnología, es decir, con neutralidad tecnológica, cuidando en todo momento de no destruir aquellas tecnologías que hoy están funcionando y que todavía tienen mucho camino que andar”.
Brufau señala que las administraciones deben orientar y redefinir un marco regulatorio que respete los avances de la tecnología, ya que no se sabe qué pasará en el futuro: “ni nosotros ni ningún gobierno sabemos hoy con certeza qué vías serán las que aporten las soluciones tecnológicas más eficientes a los problemas que hoy enfrentamos", y apuesta por una descarbonización inteligente que no sea política ni ideológica, llamando a evitar errores del pasado: "corremos el riesgo de equivocarnos de nuevo. Ya lo hemos hecho en el pasado, por la apuesta de nuestras instituciones por políticas basadas en predicciones tecnológicas".
Brufau cree que el anuncio de la intención de prohibir determinadas tecnologías, como las referidas a los motores de combustión diésel o gasolina, no solo es errónea desde el punto de vista de los incentivos a la libre investigación científica, sino que es “profundamente contraproducente desde el punto de vista de lucha contra el cambo climático y la calidad del aire. Las consecuencias pueden ser catastróficas para la economía, el empleo y la industria en nuestro país. Sin menospreciar las consecuencias sociales que podría tener una inadecuada distribución de las rentas, donde los menos favorecidos acaben pagando la mayor parte del coste”. 06/02/2019