AESAE, que presentó la denuncia el pasado mes de julio, considera que estas legislaciones constituyen una clara restricción al libre mercado, apoyándose para ello en las conclusiones que en esa misma dirección reflejaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe publicado el pasado mes de agosto.
Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, así como las que están en tramitación, como Madrid, Asturias y Extremadura.
Posteriormente la denuncia fue ampliada el pasado mes de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación del País Vasco. Después de cerca de siete meses en los que la Comisión ha realizado una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, en los casi quinientos folios de denuncia presentados. La semana pasada la Comisión tomó la decisión de admitirla a trámite, procediendo a enviar la preceptiva carta al estado español, en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión, esbozándose también la valoración jurídica de los mismos y dándole de plazo al Gobierno hasta el día 8 del próximo mes de julio para que presente sus alegaciones.
AESAE considera que decisión de admitir la denuncia por parte de la Comisión Europea pone de relieve que “existen indicios razonables para considerar que las legislaciones autonómicas mencionadas, todas ellas muy similares entre sí, constituyen restricciones relevantes al libre mercado”. Además, en un comunicado la asociación señala que “la Comisión considera que la denuncia presenta un interés político y económico sobresaliente para los intereses de la Unión Europea”.
AESAE señala que la denuncia llega en un momento crucial para el papel de liderazgo que pretende asumir España en la Unión Europea tras el brexit.
La decisión de la Comisión de abrir expediente a España por la denuncia, junto con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de finales del pasado mes de enero, que anuló la legislación balear, y el informe de la CNMC de finales de julio del pasado año, suponen, según AESAE, un claro refrendo a los argumentos que la asociación viene manteniendo en defensa de los derechos de sus asociados y de los consumidores desde su constitución, hace ahora un año. 14/03/2017