De acuerdo al mencionado documento, la propuesta incluye además la equiparación de la fiscalidad aplicable al diésel y la gasolina con la subida del impuesto de hidrocarburos aplicables al gasóleo (queda excluido el profesional), que se fijará en 0,47269 euros/litro frente a los 0,379 euros/litro actuales. La propuesta incluye una salvedad en caso de que, durante dos meses consecutivos, el precio de venta supere los dos euros/litro, en cuyo caso el impuesto quedaría fijado en 0,422 euros/litro.
Con la eliminación del impuesto a las energéticas se revierte una situación largamente denunciada por el sector representado por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) que ha venido denunciando que establecer dicho impuesto como permanente, -dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el próximo 31 de diciembre-, comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando muy negativamente (como ya lo está haciendo-, a toda la cadena de valor.
En este contexto, AOP ha venido reclamando un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las importantes inversiones que el sector tiene ya diseñadas y a la puerta de decisión final de inversión, para abordar para la descarbonización y la transición energética.
En concreto, las empresas del sector tienen previstas inversiones que superan los 16.000 millones de euros hasta 2030 a lo largo de toda la cadena de valor y su implementación ha estado cuestionada en el marco una fiscalidad excesiva y de la falta de estabilidad regulatoria que, además, perjudican la reputación como país y la Marca
España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales.
AOP subraya que todo ello supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PNIEC, cuya revisión fue remitida a Bruselas el pasado verano.
En caso de perpetuarse, recalca AOP, un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar.
Por su parte, e Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtió que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales. Y, en la misma línea, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa que establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente.
De no incluirse una nueva enmienda al proyecto de ley, el próximo 31 de diciembre quedaría extinguido este gravamen que ha venido deteriorando el desempeño económico del sector y frenando (cuando no deslocalizando) los proyectos asociados a la descarbonización. 29/10/2024