Este es uno de los datos que aporta el informe «Población y despoblación en España 2016», que ha sido presentado a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su Presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que también es Presidente de la Diputación de Zaragoza, en una reunión celebrada este mes de enero a la que han asistido también, en calidad de invitados, varios miembros de la Comisión de Diputaciones, entre ellos su Presidente y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el INE, en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.
2.652 localidades con menos de 500 habitantes
El informe presentado por Sánchez Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más municipios españoles. Así, ya son 2.652 las localidades que subsisten con censos de menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.
Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, pero esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la suma de población de las capitales de provincia españolas ha ganado unos 14.000 habitantes durante el último año.
«Urge pasar de las palabras a la acción»
Con los datos que aporta este informe, el Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP ha reclamado «la aplicación de urgentes políticas de Estado» ante el severo retroceso demográfico que se está produciendo y la amenaza que supone para las áreas rurales, algo que ha calificado como «un problema sociopolítico de primer orden» para España.
Sánchez Quero ha subrayado que la crisis demográfica está azotando con especial crudeza a los pequeños y medianos municipios, lo que hace que cada vez más localidades se encuentren «tras la línea roja del peligro de extinción».
Por ello, considera «imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico».
En concreto, ha apelado a la «coordinación de un plan nacional contra la despoblación entre Estado, Comunidades Autónomas y FEMP, que se elabore y desarrolle con la voz protagonista de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, “que conocen de primera mano la crisis demográfica y son, en su día a día, la ‘punta de lanza’ en la lucha contra la despoblación rural”. 15/1/2017