La Confederación Nacional de Instaladores C N I ha denunciado en numerosas ocasiones el grave perjuicio que el tráfico ilegal de refrigerantes está causando a muchas empresas instaladoras, en el medio ambiente y en la economía en general. El mercado negro de refrigerantes se extiende cada vez más rápido, generando enormes beneficios a las redes de traficantes. En enero de 2021 habrá una nueva reducción de cuota de gases refrigerantes en Europa que provocará simultáneamente una reducción del mercado legal y un incremento exponencial del tráfico ilegal que cubrirá la demanda existente.
Las Asociaciones Provinciales de C N I han colaborado con el SEPRONA a menudo para denunciar casos de tráfico ilegal en sus provincias. Desde febrero de este año CNI se ha involucrado en esta labor a nivel nacional mediante una estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA, a quien ha proporcionado abundante información que tras ser investigada ha producido resultados muy positivos. Se ha llevado a cabo un operativo en la zona centro con la incautación de un número importante de botellas ilegales que actualmente se halla en vía judicial. La reciente operación en Murcia y Granada, en la cual han sido detenidas tres personas y cinco están siendo investigadas como presuntas autoras de los delitos de contrabando, contra la hacienda pública, contra los recursos naturales y el medio ambiente; y otros delitos de riesgo, es un paso más en este trabajo conjunto que debe servir de ejemplo para otros traficantes ilegales. “Desde que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha empezado a trabajar y coordinar la lucha contra el tráfico ilegal de refrigerantes con la estrecha colaboración de C N I, hemos comenzado a ver resultados muy positivos que nos dan esperanza para acabar con este fraude. C N I está proporcionando mucha información para la investigación y participa a través de sus técnicos en los operativos policiales de incautación de gases para tomar muestras y emitir informes técnicos, afirma Javier Cueto, Presidente de C N I.
Este operativo en el que el Servicio de Vigilancia Aduanera contó con la colaboración de la Guardia Civil, localizó en el municipio granadino de Atarfe un almacén clandestino con 996 bombonas no retornables (ilegales desde 2007) y diversos tipos de gases fluorados, que se encuentran actualmente custodiadas por la Agencia Tributaria. Desde allí se distribuían los envases a una nave en Alhama de Murcia donde se hallaron otras 889 bombonas que se encontraban almacenadas en el interior de un contenedor marítimo, sin las debidas medidas de seguridad. Fruto de esta inspección, fue localizado y detenido el principal líder de esta organización criminal quien parece que traspasaba manualmente con un compresor no homologado a botellas recargables, los gases traídos desde Rumanía. Estos gases posteriormente eran suministrados a sus clientes en el mercado nacional con un etiquetado incorrecto. Como afirma Javier Cueto, “este tipo de operaciones no termina con la detención de los traficantes, sino que continúa hasta identificar a sus clientes, como ha ocurrido en este caso y que pueden acabar en la cárcel por adquirir refrigerantes en el mercado negro. Si no hay clientes, no hay tráfico y el riesgo de comprar ilegalmente es muy grande”
Los informes periciales emitidos por el Laboratorio Central de Aduanas de la Agencia Tributaria sobre las botellas aprehendidas en las dos naves han determinado que, en algunos casos, los gases no se corresponden con el etiquetado de la botella, lo que constituye un presunto delito de estafa, además de implicar un fraude fiscal, dado que esas botellas con etiquetado adulterado no se declaraban, y de suponer también un problema de competencia desleal en el sector.
Los gases fluorados introducidos eran de las tipologías R134a, R410a, R507, R407c, R32, R437a, R1234yf, R452, R407h y R22 siendo todos gases que agotan la capa de ozono, siendo considerado el R22 muy peligroso para la capa de ozono estando prohibido por la Unión Europea.
La Confederación C N I estima las cifras de este operativo con un total de 19.000 kg. de gases incautados, a un total aproximado de 690.000 euros de impuesto de gases fluorados evadidos, 1.500.000 euros de beneficios que podrían haber conseguido los traficantes con la venta ilegal de estos gases y 209.000 euros el coste que podrá tener la destrucción de los refrigerantes incautados en un gestor de residuos. “Seguimos trabajando con el SVA porque somos conscientes de que el tráfico ilegal tiene unas proporciones inmensas y vamos a hacer todo lo posible por acabar con él cuanto antes. No es un trabajo fácil porque el miedo a denunciar continúa muy presente, pero las consecuencias económicas de no hacerlo pueden ser catastróficas para el mercado de la refrigeración y el medio ambiente”, asegura Javier Cueto.16/11/2020