El estudio buscaba actualizar el diagnóstico de un fenómeno que ha sido motivo de preocupación durante varios años en materia fiscal, regulatoria, ambiental y competitiva. El análisis realizado estimó que las situaciones identificadas están asociadas a un volumen superior a 1.400 millones de litros de combustible , equivalente a aproximadamente 17.000 camiones cisterna .
Según EPCOL, las irregularidades analizadas pueden adoptar diversas formas, incluyendo el incumplimiento de las obligaciones fiscales, ambientales y regulatorias, en particular en lo que respecta a la incorporación de biocombustibles, las reservas estratégicas y las obligaciones asociadas al Sistema Nacional del Petróleo. El estudio subraya que el problema no radica en la libre circulación de combustibles en el mercado europeo ni en su entrada en Portugal, sino en la posibilidad de que algunos operadores no estén sujetos, en la práctica, al mismo nivel de cumplimiento de las obligaciones aplicables a otros agentes económicos.
Las consecuencias de estas situaciones van mucho más allá del sector de los combustibles. Cuando no todos los operadores cumplen las mismas normas, el Estado ve reducidos sus ingresos para financiar políticas públicas, perjudicando así a los ciudadanos; los operadores que sí las cumplen se encuentran en desventaja competitiva; los consumidores se enfrentan a un mercado menos transparente; y la confianza en el correcto funcionamiento del mercado disminuye. Al mismo tiempo, pueden verse comprometidos los mecanismos relevantes para alcanzar los objetivos ambientales y la transición energética.
Para ilustrar la magnitud del impacto económico estimado, EPCOL destaca que los 1.100 millones de euros corresponden aproximadamente a la inversión necesaria para construir unos cinco hospitales de tamaño mediano o, alternativamente, unos 11 kilómetros de nueva infraestructura de metro o la adquisición de aproximadamente 160 trenes urbanos modernos .
EPCOL reconoce los esfuerzos realizados por ENSE, la Entidad Nacional del Sector Energético, en el marco de sus responsabilidades de supervisión y prevención en dicho sector. Las acciones de ENSE, en particular a través de su Unidad de Control y Prevención, los planes nacionales de inspección, el seguimiento de las obligaciones de incorporación de biocombustibles, la emisión y el control de certificados asociados a combustibles bajos en carbono y la coordinación con otras entidades públicas, constituyen una dimensión esencial de la respuesta a este fenómeno.
El estudio pone de manifiesto la relevancia de esta medida, especialmente en el ámbito de los biocombustibles, donde las inspecciones, tanto finalizadas como pendientes, han derivado en sanciones por valor de 103 millones de euros por incumplimiento de las obligaciones de incorporación. Estos datos demuestran que la inspección ha dado resultados concretos y que reforzar la capacidad de intervención de las entidades competentes es fundamental para garantizar una mayor integridad en la información, una mayor trazabilidad y una mayor eficacia en el cumplimiento de las obligaciones normativas.
La asociación considera, sin embargo, que la magnitud del fenómeno subraya la necesidad de ir más allá. La supervisión existente debe complementarse con mecanismos adicionales para el cruce de información, el seguimiento de los flujos físicos, la coordinación entre entidades y la aplicación efectiva de las sanciones previstas. La experiencia reciente demuestra que la cooperación entre autoridades, incluidas las acciones conjuntas sobre el terreno, es fundamental para identificar patrones anómalos y reducir las asimetrías de información en el mercado.
EPCOL también señala que este asunto no es nuevo. En 2018, un Grupo de Trabajo creado por los Secretarios de Estado de Energía y Asuntos Tributarios recibió el mandato de identificar los riesgos y vulnerabilidades asociados al funcionamiento del mercado de combustibles. Dicho informe ya identificó riesgos de incumplimiento, posibles distorsiones de la competencia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección, seguimiento y control.
Para EPCOL, una de las conclusiones más relevantes es precisamente que muchas de las preocupaciones identificadas hace varios años siguen vigentes. El estudio que se presenta ahora busca actualizar la información disponible, cuantificar la magnitud actual del fenómeno y respaldar la definición de soluciones efectivas que contribuyan a un mercado más transparente y competitivo, más alineado con los objetivos fiscales, energéticos y ambientales del país.
En este sentido, la asociación aboga por reforzar la trazabilidad de los flujos de combustible, una mayor coordinación entre las entidades con responsabilidades de supervisión, una mayor transparencia del mercado y mecanismos de control, así como la aplicación efectiva de sanciones suficientemente disuasorias para el incumplimiento.
EPCOL también considera positiva la presentación del Proyecto de Ley N° 244/XXV/2026 , que prevé medidas para fortalecer los mecanismos de trazabilidad, certificación y control relacionados con el mercado de combustibles y el Sistema Nacional de Petróleo. La asociación cree que estas iniciativas representan un paso importante para fortalecer la integridad del mercado. Sin embargo, subraya que la eficacia de las medidas dependerá de su implementación práctica, la supervisión, la cooperación entre las entidades y la aplicación efectiva de los mecanismos previstos.
EPCOL reitera que se trata de un asunto de interés público que trasciende el ámbito del sector de los combustibles. La competencia leal, la protección de los ingresos públicos y el logro de los objetivos de la transición energética exigen que todos los operadores estén sujetos a las mismas normas y obligaciones. 08/07/2026