CEEES considera que una medida extraordinaria como ésta resulta muy necesaria en el momento actual, con los precios de la electricidad en máximos anuales y con la economía española tratando de sacudirse los últimos coletazos de la pandemia. Es el momento de que las familias tengan más renta disponible para que el consumo despegue definitivamente y nuestro país sea capaz de volver cuanto antes a la senda de la normalidad.
Por eso, resulta sorprendente que la reducción temporal de los impuestos que gravan la electricidad no se haga extensiva a los que se aplican a los carburantes. El caso de la gasolina y el gasóleo es prácticamente calcado al de la electricidad, si bien la presión fiscal (de casi el 60%) es aún más acusada en el caso de los combustibles de automoción.
En cierto modo, resulta comprensible que el Gobierno no quiera renunciar a los ingresos que los impuestos que gravan el carburante, máxime a las puertas del verano y con las arcas públicas muy necesitadas de cada euro.
Y es que, según la Agencia Tributaria, sólo en 2019 (los datos relativos a 2020 no son representativos) el Estado ingresó 17.414 millones de euros gracias a la presión fiscal sobre gasolina y gasóleo. Más de 12.200 millones se correspondieron con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, mientras que más de 5.100 millones fueron de IVA, un impuesto que, al igual que sucede en el caso de la electricidad, grava la suma del coste del producto y del impuesto especial, aplicándose de manera consecutiva y no paralela y maximizando de ese modo su impacto en el PVP.
Sin embargo, la situación económica se encuentra cerca de un punto de inflexión que determinará el comportamiento de los consumidores a medio plazo. Es cierto que la vacunación funciona y también es verdad que los ciudadanos están deseando dejar la pandemia atrás y recuperar sus vidas, lo que debería traducirse en una mejora del consumo.
Pero no podemos olvidar que vivimos en mundo globalizado que sale poco a poco de la parálisis, lo que está generando un calentamiento de la economía que puede tener consecuencias nefastas para la recuperación. Todas las materias primas están disparadas (alimentos, madera, metales y por supuesto, el petróleo) y ello podría disparar la inflación, contrayendo el consumo y truncando la tan ansiada recuperación.
“El Gobierno ha dado un paso valiente a la hora de reducir los impuestos que gravan la electricidad y debería hacer lo mismo con los de los carburantes. Con ello, beneficiaría a los consumidores, que pagarían menos por llenar los depósitos de sus vehículos”, afirma el presidente de CEEES, Jorge de Benito.
Pero es que esa medida podría ser también la tabla de salvación de cientos de pymes del sector de las estaciones de servicio. “Éste es un negocio de volumen, en el que la demanda es elástica con respecto al precio y cuanto más barato es el producto más litros vendemos. Los PVPs tan altos nos hacen mucho daño y las ventas siguen estando un 25% por debajo de las que deberían darse un año normal por estas fechas”, explica De Benito.
Ahorros de entre 6 y 7 euros por depósito
Si se aplicará una reducción temporal del IVA del 21% al 10%, el precio de cada litro de gasolina bajaría más de 12 céntimos y cada repostaje completo se abarataría 6,82 euros. En el caso del gasóleo, el PVP de cada litro bajaría más de 11 céntimos, lo que se traduciría en un ahorro de 6,2 euros por cada depósito lleno.
Esta medida, de sencilla aplicación y con el precedente de la rebaja temporal de la fiscalidad sobre la electricidad a la que el Gobierno dará luz verde el jueves, tendría un impacto muy positivo en las economías domésticas y ayudaría a mantener la competitividad de un sector esencial para España, como es el transporte de mercancías. No en vano, la bajada del IVA del 21% al 10% supondría un ahorro de más de 5.000 euros anuales para un camión de transporte internacional.
Al mitigar el impacto que este impuesto indirecto tiene en todos los ciudadanos, independientemente de su renta, la economía española se verá beneficiada en su conjunto y los incrementos previsibles de ventas contribuirán a minimizar el impacto que la reducción del IVA del 21% al 10% tendrá en las cuentas públicas. 22/06/2021