La organización explica que se trata de compañías creadas para llevar a cabo actividades en el sector de forma puntual para, en la mayoría de los casos, desmantelarse al poco tiempo sin liquidar los correspondientes impuestos con la Agencia Tributaria.
Además del fraude fiscal, estas compañías se liquidan en muchas ocasiones sin llegar a cumplir los porcentajes obligatorios de biocarburantes y esquivando igualmente la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyos costes también se embolsan antes de desaparecer.
La UPI, formada por las compañías Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, denuncia esta situación y exige a las autoridades competentes que tomen ya las medidas necesarias “para erradicarlas en el territorio español, pues en los últimos meses, en lo que parece ser un efecto-llamada, esta práctica se ha multiplicado y convertido en una bolsa estable de fraude, con técnicas cada vez más variadas y sofisticadas”.
En su comunicado, UPI, exige a la Administración “mejoras en los filtros legales contra este modelo de negocio fraudulento”, y advierte de que, junto al perjuicio económico inmediato al conjunto de contribuyentes, esta situación puede provocar, a la larga, “un empobrecimiento de la competencia de la que el mercado podría tardar décadas en recuperarse y la vuelta a un oligopolio de las grandes petroleras”. 4/10/2016